Los ecologistas piden parar la unión de Candanchú, Astún y Formigal

Los negativos impactos ambientales son razón suficiente para echarlo para atrás

Para la convocatoria de 2022 la Diputación de Huesca propondrá la unión de Astún y Formigal a través del valle de Canal Roya.
La Diputación de Huesca ha propuesto la unión de Astún y Formigal con telecabina a través del valle de Canal Roya.

Las organizaciones ecologistas de WWF, Greenpeace, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra exigen la paralización de la unión de estaciones de esquí del Pirineo aragonés.

La Diputación de Huesca ha presentado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo un proyecto para unir Candachú, Astún y Formigal con fondos europeos Next Generation, cuyo coste ascendería a 34 millones de euros, que se añaden a los 30 millones ya solicitados en fases previas de la propuesta.

Los ecologistas alegan los efectos negativos medioambientales

Las cinco organizaciones ecologistas estatales afirman que proyecto no debe llevarse a cabo por sus “negativos impactos ambientales”, explica Aragondigital.es.  Alegan que la unión de todas ellas no generará ningún empleo de calidad. Además, las condiciones climatológicas- por el cambio climático-, disminuyen las nevadas y aumenta la cota de nieve.

El rotativo alega que la construcción de esta infraestructura de conexión entre estaciones de esquí comportaría un impacto irreparable en el paisaje y en las especies de fauna y flora de este espacio pirenaico. El daño sería irreparable especialmente en el paraje denominado Canal Roya, un gran valle glaciar al pie de pico Anayet.

La construcción de los telecabinas entre estaciones de ida y vuelta tendría anclajes de hormigón y estación de servicios en el fondo del valle. Las organizaciones ecologistas avisan de que en este espacio se había programado la creación de un parque natural y no debería haber ninguna intervención sobre la zona.

Los fondos europeos Next Generation obliga a justificar cualquier proyecto con el fin de evitar los desastres medioambientales. Los grupos ecologistas se mostraron convencidos de que el proyecto incumple todos los objetivos ambientales y van a denunciar cualquier actuación en la zona. De esta forma, el Gobierno español se vería obligado a devolver los fondos.

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